La Ley Crea y Crece, aprobada en septiembre de 2022, enfocada en ser una ley 14 2013 emprendedores, presenta una serie de ventajas para los emprendedores y pequeñas y medianas empresas (PYMES) en España. Las principales ventajas que esta ley puede ofrecer son las siguientes:
- Facilita la creación de empresas: Al reducir los costes económicos y simplificar los trámites para la creación de nuevas empresas, la Ley Crea y Crece proporciona un entorno más favorable para el emprendimiento. Esto significa que los emprendedores pueden dedicar menos tiempo y recursos a la navegación de trámites burocráticos y más a la construcción y crecimiento de su negocio.
- Lucha contra la morosidad: Esta ley busca reducir la morosidad mediante la obligatoriedad de la factura electrónica en las operaciones entre empresarios y profesionales. Al digitalizar este proceso, se espera mejorar la eficiencia y la transparencia, lo que puede ayudar a prevenir retrasos en el pago y mejorar el flujo de caja para las empresas.
- Mejora el acceso a la financiación: La Ley Crea y Crece también busca facilitar el acceso a formas de financiación alternativas a la bancaria, como el crowdfunding, el capital riesgo o la inversión colectiva. Esto puede ser particularmente beneficioso para las startups y las PYMES, que a menudo tienen dificultades para obtener financiación a través de canales tradicionales.
- Promueve el crecimiento y la competitividad de las PYMES: Al fomentar la creación de empresas y mejorar el acceso a la financiación, la ley también puede ayudar a impulsar el crecimiento y la competitividad de las PYMES en España. Además, al situar a las PYMES en el centro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, esta ley señala un compromiso claro con el apoyo al sector empresarial en general.
- Digitalización e innovación: Con medidas como la factura electrónica obligatoria y el Kit Digital, la ley Crea y Crece también fomenta la digitalización e innovación de las PYMES, un factor esencial en un mundo cada vez más globalizado y digital.
Ley Antifraude
La Ley Antifraude, publicada el 10 de julio de 2021, constituye una reforma integral con el objetivo de combatir y prevenir el fraude fiscal en España. Este nuevo marco legal se centra principalmente en mejorar la eficacia de los procedimientos internos de las empresas, así como de sus programas de facturación y contabilidad.
La Ley Antifraude aporta una serie de cambios y actualizaciones a la Ley General Tributaria, afectando varios aspectos de las operaciones empresariales. Se trata de una ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Esto incluye desde la gestión de criptomonedas y pagos en efectivo hasta las reglas de sucesiones y jurisdicciones no cooperativas.
Una de las características clave de esta ley es que exige a los programas de facturación o gestión garantizar la «integridad, conservación, legibilidad, trazabilidad, accesibilidad e inalterabilidad de los registros» en todo momento. Esto tiene como objetivo prevenir la manipulación y modificación de datos contables y de gestión.
Las consecuencias por incumplimiento son serias. Las empresas que no se adhieran a los requisitos de la Ley Antifraude podrían enfrentar sanciones significativas, con multas de hasta 150.000 € para las empresas de software y 50.000 € por cada anomalía detectada por ejercicio fiscal. Además, si se identifican infracciones en varios ejercicios fiscales, las multas se acumularán, lo que podría tener un impacto considerable en la contabilidad de la empresa.
La Ley Antifraude entró en vigor el 11 de octubre de 2021, pero aún se están definiendo los requisitos específicos para los programas de software, con la entrada en vigor prevista para el 1 de julio de 2024.
Para cumplir con la Ley Antifraude, las empresas deben tener un software de facturación y contabilidad que asegure una contabilidad completa y actualizada. El uso de una contabilidad en B para evadir impuestos no será tolerado. Asimismo, es crucial contar con un proveedor de software de gestión confiable que demuestre su compromiso con la legalidad y permita satisfacer todas las necesidades operativas.
Esta ley afecta a todas las empresas o autónomos que emiten facturas y tienen sede en el territorio nacional, así como a los fabricantes, productores y vendedores de software de contabilidad, facturación o de gestión.
Entre las ventajas de la Ley Antifraude, destaca su compromiso con la lucha contra el fraude fiscal. Con medidas como la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 € y el fin de las amnistías fiscales, la ley busca fomentar la transparencia y la confianza de todos los contribuyentes.
Otro aspecto notable de la Ley Antifraude es la introducción de un sistema de emisión de facturas verificables o sistema VeriFactu. Este sistema requiere que las empresas generen un registro por cada factura emitida y envíen las facturas a Hacienda tan pronto como se emitan. Todas las empresas que emitan facturas estarán obligadas a contar con un software Verifactu, independientemente de si envían o no los registros a la Agencia Tributaria.
Para adaptarse a la Ley Antifraude, las empresas deberán contar con un software certificado que cumpla con los requisitos de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros a partir del 1 de julio de 2024, fecha en la que está previsto que comience el periodo sancionador. Además, será ilegal poseer software que permita llevar una doble contabilidad, incluso si no se utiliza.
